Desarrollo

A sus más de tres meses frente al Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza ha sabido ganarse la confianza de los trabajadores de la minería a pequeña escala en nuestro país y de las diferentes etnias indígenas que hacen vida en el territorio trazado por el Arco Minero del Orinoco, al incluirlos en los debates para crear las nuevas reglas que regirán la explotación de nuestros principales minerales para el beneficio de la nación. No han sido pocas las asambleas con mineros e indígenas del estado Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro que el ministro Arreaza ha encabezado en estas semanas que tiene llevando la batuta del Motor Minero, el cual busca equilibrar los ingresos del país afectados por la fuerte caída del precio del barril de petróleo. Y es que la voz de quienes viven desde hace años de la producción minera y de los pueblos originarios que también realizan esta actividad, es fundamental para la instalación de las empresas mixtas al sur del país. “Nuestros pueblos indígenas tienen que tener voz”, asegura Arreaza, al comentar que la Empresa Mixta Ecosocialista Oro Azul no ha comenzado a operar porque la cartera de Minería se encuentra todavía en la etapa de consulta con la comunidad de indígenas que hace vida en el municipio Cedeño del estado Bolívar, donde se presume existen yacimientos de coltán y donde se espera que se instale esta compañía minera. “Revisamos el proceso de consulta, pero nos parece que todavía nos faltan unas asambleas, mayor claridad, porque la consulta tiene que ser de conciencia”, dijo el ministro, al tiempo de aclarar que su despacho busca fundamentalmente “que la empresa respete socioculturalmente a nuestros pueblos indígenas”.

—¿Qué le exige el Estado venezolano a los pequeños mineros para trabajar de forma legal?

Primero, que cumplan con la ley. Hay que regularizar su actividad (…) Tienen que tener planes ambientales, no utilizar tecnología que sea devastadora para el medio ambiente (…) El respeto a la madre naturaleza, a las leyes del Estado. El pagar sus impuestos. Que entren en ley, es lo que estamos fomentando.

—¿Cómo va el Registro Único Minero?

El registro lo estamos realizando. Se está haciendo un esfuerzo, pero lo estamos haciendo desde el Estado con la Misión Piar, con los mineros, que ellos mismos se registren (…) La información (ya registrada) en algunos casos fue difusa, aparecieron personas en brigadas (mineras) que eran de otra zona (…) El registro no solo es una herramienta para cuantificar, saber dónde están, sino para saber cuál es su problemática social, laboral, de vivienda, educación, para poder construir los planes sociales con ellos.

—¿Cómo avanza la implementación de proyectos sociales en las zonas impactadas por la minería? Estamos en diagnóstico. Donde hace falta un centro de salud, hay que poner un centro de salud. Donde hay que mejorar la vialidad hay que mejorarla; donde no hay escuelas, hay que poner una escuela.

—Estamos en una etapa de diagnóstico entonces…

Todavía. En la ley se contempla la creación de un Fondo Social Minero, que se alimenta de las empresas mixtas, y estas aún no están funcionando. Los recursos que van a provenir de allí, buena parte de ellos, van directamente para la inversión social de la zona.

—¿Cómo se va a controlar la extracción de oro ilegal?

Ya se está controlando. Lo primero es una acción de autoridad de Estado que la está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general de brigada Jesús María Mantilla Oliveros, de la ZODI de Bolívar, viene haciendo un extraordinario trabajo de diálogo, de acercamiento primero. Nos encontramos con situaciones de irregularidad, de bandas armadas, etc. Ellos han venido actuando de manera contundente, y es lo primero; la seguridad (…) para la población que está ahí, y luego para la inversión. No habrá nunca inversión si no hay seguridad jurídica, y mucho más física, de integridad territorial, etc. Hay un plan bien diseñado por la Fuerza Armada para el resguardo minero. (…) Ya los primeros 500 (funcionarios) se distribuyeron en el Arco Minero a lo largo de las empresas Carbozulia y Lomas de Níquel, para el resguardo de la actividad minera (…) Allá juega un rol importante la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas que va a concentrarse en las zonas donde ha habido mayor situación de conflictividad social, y eso ya por sí mismo es un elemento de tranquilidad o de disuasión, hacia quienes pretenden seguir generando conflictos.

—¿La actividad minera puede ser ecológica?

Toda actividad humana tiene un impacto ambiental (…) La minería puede tener el menor impacto ambiental (…) La verdad es que ahí (en la zona trazada por el Arco Minero del Orinoco) ha habido, en toda la historia venezolana, planes (ambientales) epilépticos, por momentos, que aparecen y después desaparecen.

En este momento, que ya hay un plan estructural, nosotros creemos que podemos, con la inversión en la actividad minera, recuperar, remediar y proteger el medio ambiente en zonas que ya están bastante afectadas. Podemos ayudar a proteger la cuenca del embalse del Guri, la cuenca del Caroní, del Caura; además, si ves el mapa del Arco Minero del Orinoco, el bloque dos es prácticamente una franja, porque en el Parque Nacional Caura, recientemente decretado, no puede meterse (la actividad minera). Ahí no puede haber impacto minero, y nuestros pueblos indígenas, que han incurrido muchos de ellos en la actividad minera, a veces sin control también, con la existencia de este plan, de esta zona de desarrollo estratégico especial, nosotros podemos no solo evitar que generen impactos ambientales, sino remediar en muchos casos los que se han venido generando en los últimos años.

—¿Cómo avanzan los planes ambientales en el Arco Minero del Orinoco?

Todo proyecto minero debe tener un plan ambiental, y ese plan debe corresponderse con el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Eso va a ser muy preciso con cada empresa, cada tecnología. Por ejemplo, tú superas el mercurio y vas al cianuro, y si es bien manejado no debe tener ningún tipo de impacto ambiental, pero necesitas el conocimiento y la fiscalización por parte nuestra, (del Estado), y el acompañamiento técnico para hacer las cosas adecuadamente (…) La Oficina Nacional de Fiscalización Minera y la Dirección de Minería están trabajando en conjunto para garantizar que todos los proyectos mineros, desde el más pequeño hasta el más grande de las empresas mixtas, tengan su plan ambiental adecuado.

—Por decreto, está prohibido el uso de mercurio en nuestro país desde hace unos meses. ¿Cómo se está sacando de la práctica minera?

Esos son procesos que no son inmediatos (…) Hay una fase que es la de los molinos que trabajan con mercurio. En algunos casos, en la extracción también se utiliza el mercurio; sin embargo, lo que estamos haciendo es convocar a esos molineros y a quienes extraen oro con mercurio para convencerlos y, en algunos casos, forzarlos vía legal a que cambien de tecnología. Desde cianuración, tecnologías hídricas, centrífugas, hasta por gravedad, que sirvan para la separación de los minerales de esas arenas (…) Incluso estamos planificando un encuentro de tecnologías con los especialistas, expertos metalúrgicos, mineros y empresarios nacionales e internacionales, para presentarles un catálogo de tecnologías a todos aquellos que utilizan mercurio, para que inmediatamente hagan la transición a otro método. Por ejemplo, en La Ramona (municipio El Callao, estado Bolívar), un sector tranquilo, de gente organizada, hay muchos molinos en el centro poblado, y utilizan mercurio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con ellos? Hemos acordado, en una asamblea, concentrar todos los molinos en una zona industrial y, después, con la organización de esos molineros, vamos a ir sustituyendo molinos por plantas de procesamiento de oro que no utilizan mercurio. Es un proceso que puede llevarnos unos meses, pero es la única garantía, porque esto (la eliminación del mercurio en la práctica minera) no se puede ni forzar ni decretar simplemente, es un proceso social de cambio de tecnología.

—¿En qué estado se encuentra el reglamento del decreto de la Ley de Minas?

Lo estamos trabajando con mineros y un grupo de asesores ad-honorem que están con nosotros en el Ministerio. Hay compañeros indígenas, hasta compañeros que han trabajado en gran minería en otros países, que conocen la realidad. Hay ambientalistas, expertos en salud, porque la salud es todo un tema (…) Incluso los pequeños mineros han pedido conformarse en Congreso de la Patria y discutir ahí los papeles de trabajo del reglamento y podérselos elevar al Presidente como una propuesta para que él la revise con la Procuraduría y la ajusten, pero ya con el consenso de los puntos neurálgicos, con todos los actores de la actividad minera.

—Pasando al tema de las empresas mixtas, ¿cuáles son los pasos por los que debe transitar una empresa de capital nacional o extranjero para poder participar en el Arco Minero?

Es como una especie de oferta, las empresas privadas nacionales e internacionales presentan su plan de inversión y se analizan en este Ministerio, se ajustan y vamos a la negociación (…) Una empresa mixta se crea con mayoría accionaria siempre del Estado, mínimo 55 %, de manera que el Estado tiene al final en sus manos la toma de las decisiones. Ellos (los empresarios) traen la tecnología, el conocimiento en operaciones mineras (…) Es una empresa ganar-ganar (…) Cuando estuvimos en Toronto (Canadá) nos decían: “pero nosotros en ningún país del mundo trabajamos con un 45 %, nosotros trabajamos o con el 100 %, 80 % o 70 %, pero, ¿qué es eso? Eso no es negocio”. Luego que analizan la información, data geológica, y que vienen para acá, ese 45 % en una empresa aurífera, puede ser el 100 % o 200 % de cualquier mina en cualquier parte del mundo. Es una oferta atractiva (…) Y para nosotros también es atractiva, porque nosotros mantenemos el control sobre las empresas; hay transferencia tecnológica; hay planes ambientales obligatoriamente asociados a eso; hay ocupación del territorio por parte del Estado a través de las empresas, y eso nos conviene como país, y sobre todo esa riqueza mineral que está ahí, que mucha parte de ella se nos va del país en contrabando de extracción, va a traducirse en inversión social, viviendas, escuelas, hospitales, vialidad, infraestructura, en proyectos de generación de electricidad. Es la fuente de riqueza alternativa al petróleo más importante que tenemos en el territorio.

—¿Qué empresas están cerca de operar en nuestro país?

La empresa mixta Siembra Minera. En la Venezuela Potencia se le transfirió el derecho de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos. El Presidente firmó el decreto; sin embargo, todavía tiene que instalarse, (…) desde el punto de vista de domiciliar la empresa y después trasladar la tecnología, equipos. Es un proceso largo; en esa zona (en Las Claritas, donde operarán) hay minería ilegal, y bueno, viene un proceso con esos mineros, de cómo se incorporan o cómo se reubican, es un proceso largo. El tema de la minería no es de un día para otro. Por otro lado, sí está operando, extrayendo coltán, la empresa mixta, capital venezolano 100 %; 45 % es privada, Parguaza, por Los Pijiguaos, que es más cerca de Puerto Ayacucho, pero es en el estado Bolívar. Ahí estamos extrayendo coltán (que viene asociado en otros minerales); estamos separando el coltán del cuarzo, del granito. Y hay una tercera empresa de coltán, Oro Azul, que está en una etapa que todavía tenemos que terminar de hacer la consulta con los pueblos indígenas, que ya se hizo en el caso de Parguaza –en el caso de Siembra Minera no hay esa circunstancia–. Revisamos el proceso de consulta, pero nos parece que todavía nos faltan unas asambleas, mayor claridad, porque la consulta tiene que ser de conciencia. Nuestros pueblos indígenas tienen que tener voz; eso no significa que tengan que tener a una persona en la junta directiva, se trata de que la empresa respete socioculturalmente a nuestros pueblos indígenas, que sea una fuente también de trabajo para ellos. No excluye de que puedan trabajar ahí, pero lo que queremos es que lo que ellos producen, sus proyectos socioproductivos, junto al plan social con el Fondo Social Minero, a través de la existencia de esta empresa, se traduzcan en vialidad, vivienda, educación, para esos pueblos indígenas (…) Si en ese territorio que se le adjudicó a Parguaza, los pueblos indígenas dijeran aquí no pueden hacer minería porque están enterrados nuestros antepasados, y este es nuestro río o arroyo sagrado, eso es sagrado. De hecho, la gran mayoría de los recursos mineros de nuestro país están en sitios como la Gran Sabana, en el estado Amazonas. La bóveda de la naturaleza es la mejor bóveda para esos minerales, esos no deben ser tocados (…) En Amazonas, en estos días, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está haciendo operaciones para evitar que en nuestros parques nacionales haya actividad minera, porque eso es sagrado.

—¿Qué información se ha obtenido sobre los trabajadores de la minería en nuestro país, en los varios años de trabajo junto a ellos? ¿Se tiene precisado el número de mineros?

No hay un número preciso de mineros. Si consultas las fuentes, incluso las directas de los mineros, te dan un número distinto; un número bien amplio que va desde 50 mil a 200 mil, porque además es una población que ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años y tiene muchas actividades conexas, desde los servicios propios hasta todo el mundo social, las viviendas, la alimentación. Lamentablemente tiene, en algunos casos, prostitución, mucho vicio vinculado a la actividad minera sin control, sin planificación, y por eso venimos trabajando con ellos, porque la idea es poder planificar con ellos la actividad minera, y eso pasa por concebir incluso los planes de ordenamiento urbano y todo lo que tiene que ver con la infraestructura para lo social, sus centros de salud, sus centros de educación, y dignificar la vida de ellos, porque uno puede pensar que porque el minero y la minera sacan oro, o el mineral que sea, tienen mucho dinero, pero resulta que no; viven, la mayoría de ellos, en la pobreza, incluso en la miseria. Porque ahí hay un submundo de especulación, sobre todo los que no están organizados, donde no hay Estado presente en la actividad, que lo que hace es que quizás se presente lo peor del capitalismo en ese espacio minero; pero con la voluntad que ellos tienen, sobre todo aquellos mineros que son mineros de verdad, que no llegaron antier, sino que son hijos de mineros, hermanos de mineros, tienen trayectoria ancestral de alguna manera, con ellos creo que va a ser un trabajo hasta sencillo, que ya estamos emprendiendo; el poder planificar y hacer las cosas con orden y con la presencia del Estado.

—¿El Ministerio tiene conocimiento de cuáles son las zonas más impactadas en nuestro país por la minería?

Esa información se puede facilitar, (las zonas) donde ha habido históricamente actividad minera, de grandes industrias hasta pequeña minería; esa información la tenemos, está contabilizada, se puede hablar de hectáreas.

Los municipios Roscio, Cedeño, Sifontes tienen áreas que históricamente son mineras (…) En Las Cristinas, Las Claritas, donde se va a instalar la empresa Siembra Minera, ya hubo gran minería. Hay incluso la data minera. Información es lo que sobra.

EMMA GRAND

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