Prensa Minería/Karina Depablos.- Desde el año 2000, el Estado venezolano ha radicalizado sus acciones políticas, sociales y jurídicas para garantizar la protección de los niños y las niñas, quienes deben ser considerados como personas en desarrollo, sujetos de derecho y ciudadanos, sin ninguna excepción.
A través de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (Lopnna), el Gobierno nacional lucha para preservar el interés superior que representa la población infantil del país; en esta ruta, se compromete a crear programas y políticas públicas para avalar los derechos y el desarrollo integral de los infantes y a legislar para hacer exigibles esos derechos.
Michael Díaz, abogado y defensor delegado del área metropolitana de Caracas, aseguró que el Estado, la familia y la sociedad tienen corresponsabilidad en la protección integral de los niños y las niñas, por lo que debe prevalecer como prioridad absoluta la integridad física y emocional, así como el acceso a las necesidades básicas primarias.
“Con la Lopnna se ha establecido todo un sistema articulado con cobertura nacional para defender a la población infantil y para velar por su desarrollo integral. Contamos con los Consejos de Protección de Niños, Niñas y del Adolescente, la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para hacer valer cada derecho y apoyar a este sector tan vulnerado históricamente”, expresó.
Atención en el Arco Minero del Orinoco
Durante su participación el programa En la bulla, transmitido por RNV Informativa, Díaz comentó que, específicamente en las zonas mineras del territorio nacional, se está intensificando el trabajo jurídico y social, puesto que se ha detectado un aumento en el número de niños, niñas y jóvenes que se involucran en las minas, por diversas razones, junto a sus padres y representantes.
“Los niños y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. La Lopnna establece desde el derecho a la vida hasta los derechos civiles y sociales, así como la participación en el trabajo, pero siempre respetando y protegiendo al infante. En el estado Bolívar, tenemos toda una articulación institucional para procurar una respuesta efectiva ante cualquier situación que vulnere los derechos de los niños y niñas en zonas mineras, su salud o en caso que se detecte algún tipo de explotación”, enfatizó Díaz.
Por su parte, Zoraice Rondón, defensora delegada del estado Bolívar, explicó que en el Arco Minero del Orinoco se ha realizado un trabajo muy productivo para verificar la situación de los infantes y sus familias, además, se han hecho grandes esfuerzos para atender todas las inquietudes y necesidades de las comunidades mineras.
“Estamos haciendo acompañamiento efectivo, con todo este sistema de protección que posee el Estado venezolano. Realizamos, mensualmente, múltiples jornadas sociales. Nos movilizamos a cada municipio, sobre todo a los más inhóspitos y lejanos, para asesorar, formar y orientar a los padres con el fin de defender el acceso de los niños y las niñas a los derechos como la salud, educación, recreación, alimentación, identidad”, señaló Rondón.
Rondón subrayó que el estado Bolívar cuenta con dos sedes de la Defensoría del Pueblo, ya que 7 de los 11 municipios de la entidad se dedican a la minería. Así, manifestó que se han instalado 17 alcabalas desde Ciudad Bolívar hasta el municipio Gran Sabana, en las cuales se hace supervisión y seguimiento a cada vehículo para verificar si los niños, las niñas y adolescentes viajan con sus padres o si tienen autorización.
“La Defensoría del Pueblo está en constante prevención. Hacemos talleres, programas divulgativos y recreativos, deportes, actividades lúdicas, con el objetivo de desviar la atención de los infantes y jóvenes de la minería. Tenemos charlas, foros y talleres para los padres y representantes porque ellos ejercen la mayor influencia en sus hijos”, agregó.
Apoyo y denuncias
Los defensores Michael Díaz y Zoraice Rondón coincidieron en que se debe denunciar toda vulneración de los derechos de la población infantil en el territorio nacional, por lo que ratificaron que cualquier ciudadano puede denunciar un incidente a través del número telefónico 0-8000-Pueblo (783256), por medio del cual serán atendidos por un grupo de abogados que canalizarán todo el proceso de atención.
“La Defensoría tiene como facultad recomendar e instar a los órganos del Estado a atender y resolver las situaciones violatorias de los derechos fundamentales. Si ocurre una amenaza a los niños o niñas, se articula con el resto de los entes públicos en cada zona para actuar rápida y eficazmente. Necesitamos la colaboración de la sociedad, de todas las comunidades para brindar seguridad, protección y ayuda a nuestros niños y niñas. Es un trabajo mancomunado que puede mejorar mucho más con la participación de todos”, destacó Michael Díaz.
En este sentido, la abogada Zoraice Rondón añadió que las personas pueden acercarse y formular su denuncia en cualquier sede de la Defensoría del Pueblo, así como en los Consejos Municipales y de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes distribuidos en todo el país.
Foto: Jonnathan Gudiño
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