Prensa Minería.- Hace 09 años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, activó una serie de sanciones, desde donde se impusieron restricciones a varios funcionarios venezolanos, acusándolos de violaciones de los derechos humanos y a hechos de corrupción.
“Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, quienes se benefician de la corrupción pública y sus familias no son bienvenidos en los Estados Unidos”, estas fueron parte de las palabras desafiantes del Gobierno estadounidense.
Un año después, él para aquel entonces, presidente de la Nación Norteamericana, Barack Obama, declara a Venezuela , como una “amenaza para la seguridad nacional”, de igual manera, nuevos funcionarios venezolanos fueron vetados.
“Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, así se lee en el comunicado expedido por la Casa Blanca, emitido ese día.
Aunque, desde los Estados Unidos, expresaron que estas medidas coercitivas, funcionario no afectarían al pueblo ni la economía venezolana, ni tendrán un efecto directo en el sector petrolero venezolano, la situación no fue así, ya que desde el inicio hasta el día de hoy, se han producido más de 930 sanciones las impuestas a Venezuela, que fueron diseñadas para hacer el mayor daño posible a la población, además de producir un colapso en el país, con el fin de apoderarse de los recursos naturales de la Nación.
Entre las medidas, se puede mencionar las siguientes: El robo de los 2000 millones de dólares por parte de Inglaterra, $5000 millones pertenecientes de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, también se cuenta los $4000 millones de las utilidades provenientes de Citgo.
Asimismo, se contabiliza $7000 millones que tiene Venezuela depositados en bancos de Estados Unidos y Europa, todo esto ha desembocando en la imposibilidad de efectuar transacciones financieras, comerciales y económicas, impactando en la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas.
Este aplastamiento de la economía venezolana, ha devengado en una fuerte crisis en el desabastecimiento de los bienes de primera necesidad, como los alimentos y medicinas, asimismo, se evidenció el deterioro de los servicios públicos (transporte, suministro de agua, luz), debido al impedimento de las importaciones de piezas mecánicas y el pago de servicios.
En éste contexto, el Gobierno Bolivariano, ha planificado estrategias, para combatir los efectos adversos de este golpe a la estructura económica nacional, como una forma de resistencia ante el modelo capitalista, por tal motivo, realizó la construcción de un nuevo modelo económico, basada en el desarrollo endógeno, que permita la producción nacional.
Hoy, casi una década después, el pueblo venezolano continua acompañando las políticas del presidente, Nicolás Maduro, a favor del bienestar y el desarrollo integral de Venezuela, además ha exigido un nuevo modelo económico, desde los esfuerzos colectivos, a través de la organización popular, que busca planificar su destino de una manera sostenible.
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