En Venezuela, hay una misión pública que protege y acompaña al pueblo minero para que fortalezca sus derechos y apuntale el aprovechamiento racional de la riqueza minera nacional. Esta es la Misión Piar, un programa que tiene la finalidad de incluir al pueblo minero en el desarrollo económico y social de la nación. Además, promueve la organización y participación ciudadana del pequeño minero y la pequeña minera, con el objetivo de elevar su conciencia cívica, social y política.
Desde su creación el 26 de septiembre del año 2005, la Misión Piar ha atendido a más de 122 mil mineros y mineras al sur del Orinoco. Los misioneros y las misioneras de Piar trabajan de la mano con el pueblo minero para lograr garantías de vida digna y para fortalecer los derechos humanos ambientales en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
De acuerdo con el ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, la Misión Piar fue creada por el comandante Hugo Chávez para la atención legítima y el acompañamiento integral del pueblo minero, como sujeto social protagónico de la Venezuela potencia.
En los 13 años que tiene de fundada la Misión Piar, el acompañamiento al pueblo minero ha arrojado resultados muy positivos fortaleciendo el respeto efectivo y necesario por su vida y su cultura.
La Misión Piar recoge en su seno programas sociales de construcción de viviendas dignas, jornadas sanitarias, financiamiento de proyectos socioproductivos y escuelas deportivas, adopción de tecnologías mineras de bajo impacto ambiental, conformación de comunas mineras, promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia.
En octubre de 2003, nació el Plan Piar, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, como un programa social con la finalidad de incorporar a los pequeños mineras y las pequeñas mineras como parte del desarrollo de la nación, así como promover la participación de este sector para incrementar su conciencia social, política y cívica. Posteriormente, este Plan se convirtió en la Misión Piar.
Esta misión nació para contribuir con la diversificación de la economía nacional, aprovechando los recursos minerales del país, y para combatir el desempleo con la creación de puestos de trabajo en el sector de la pequeña minería, a la vez que se reinvidicaban los derechos de los trabajadores mineros.
Ser el ente promotor de la organización de los pequeños mineros y las pequeñas mineras, para el trabajo, la producción, la preservación del ambiente y el hábitat, el ahorro, el consumo y la distribución de bienes y servicios, impulsando el desarrollo endógeno y la autogestión en el marco de la economía popular, facilitando y asesorando a las organizaciones productivas, cooperativas, consejos comunales, empresas de producción social y otras formas asociativas, orientadas hacia el interés colectivo y la soberanía nacional, para la transformación a corto, mediano y largo plazo de las realidades socioeconómicas que afectan a las comunidades mineras y su territorio.
Organizar y fortalecer las asociaciones comunitarias de la población de mineros y mineras e indígenas dedicados a la minería de pequeña escala para el trabajo, la producción, la participación en la distribución equitativa de la riqueza y la toma de decisiones para la transformación de su realidad, la redistribución de las tierras con reservas reales de mineral aurífero y la asesoría legal oportuna a los mineros en la construcción de la economía popular.
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